ESTATUTO DEL BECARIO: QUÉ CAMBIA CON EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE PRÁCTICAS NO LABORALES

ESTATUTO DEL BECARIO: QUÉ CAMBIA CON EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE PRÁCTICAS NO LABORALES

El pasado 4 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de prácticas no laborales, conocido popularmente como Estatuto del Becario. El objetivo de esta norma es delimitar con mayor claridad la frontera entre lo que es una relación laboral y lo que constituye realmente una actividad formativa.

Sin embargo, el hecho de que el proyecto haya sido aprobado por el Gobierno no significa que la norma vaya a aplicarse de inmediato. En el contexto parlamentario actual, su tramitación puede ser compleja y todavía está por ver si finalmente llegará a publicarse en el BOE.

Aun así, el debate ya está encima de la mesa y muchas empresas empiezan a preguntarse qué implicaciones puede tener, especialmente aquellas que operan en distintos países o gestionan prácticas formativas en entornos internacionales. Desde una consultoría transfronteriza en Francia y España, como Pagoa Consultotas, nos conviene analizar qué pretende regular esta norma y qué impacto podría tener en la práctica.

Durante años, uno de los principales problemas en torno a las prácticas ha sido la falta de una frontera clara entre la formación y el trabajo efectivo. En muchos casos, las personas en prácticas realizan tareas que, en la práctica, son propias de un puesto de trabajo.

El Proyecto de Ley de prácticas no laborales pretende precisamente resolver esta ambigüedad. Según el Ejecutivo, la norma busca:

• Definir con claridad qué se considera práctica formativa.
• Evitar situaciones en las que las prácticas sustituyan a puestos de trabajo.
• Garantizar derechos mínimos para las personas en prácticas.
• Facilitar la labor de la Inspección de Trabajo.

En otras palabras, el objetivo es aportar seguridad jurídica tanto para los becarios como para las empresas.

Este aspecto resulta especialmente relevante para compañías que cuentan con programas de prácticas o que colaboran con universidades y centros de formación profesional.

Uno de los puntos centrales de la futura ley es delimitar cuándo estamos ante una práctica formativa y cuándo existe realmente una relación laboral.

La idea es evitar que las prácticas se utilicen como una vía para cubrir puestos estructurales dentro de la empresa. Para ello, el proyecto insiste en varios elementos clave:

• La finalidad formativa debe ser real.
• Debe existir una tutorización efectiva.
• Las tareas deben estar vinculadas al aprendizaje.
• No pueden sustituir funciones estructurales de la empresa.

Cuando estos elementos no se cumplen, la relación puede considerarse laboral, con todas las obligaciones que ello implica.

Desde el punto de vista del asesoramiento jurídico y fiscal en Irún, este tipo de delimitación es especialmente importante para empresas que operan en entornos internacionales, donde las prácticas y los programas de movilidad son habituales.

Cuando hablamos de herencias, muchas personas piensan solo en viviendas o cuentas bancarias. Sin embargo, en la zona transfronteriza hay otro elemento clave: las empresas familiares.

Muchas compañías pequeñas y medianas operan entre Francia y España. En ocasiones han sido fundadas por una persona que lleva décadas construyendo el negocio.

Pero llega un momento en el que surge una pregunta importante:

¿Qué pasará con la empresa cuando esa persona falte?

Si no existe planificación, pueden aparecer problemas como:

• Dificultades para continuar la actividad.
• Desacuerdos entre herederos sobre la gestión.
• Impactos fiscales importantes.
• Bloqueos en la toma de decisiones.

Planificar la sucesión empresarial permite organizar con tiempo aspectos como:

• Quién continuará con la empresa.
• Cómo se repartirán las participaciones.
• Qué herramientas jurídicas pueden utilizarse para facilitar la transición.

Desde nuestra consultoría transfronteriza entre Francia y España vemos cada vez más empresas que quieren anticiparse. No se trata de pensar en el peor escenario, sino de proteger el proyecto empresarial que tanto ha costado construir.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es el refuerzo del régimen sancionador.

Según ha señalado el Gobierno, la norma permitirá a la Inspección de Trabajo actuar con mayor claridad en los casos en los que las prácticas se utilicen de forma fraudulenta.

Las sanciones podrían alcanzar hasta 225.018 euros en su grado máximo, lo que supone un incremento significativo respecto a la normativa actual.

Este endurecimiento busca disuadir a las empresas que utilizan las prácticas como una forma de reducir costes laborales.

Al mismo tiempo, pretende proteger a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral a través de programas formativos.

Aunque el proyecto aún debe pasar por todo el proceso parlamentario, muchas empresas ya están revisando sus programas de prácticas para anticiparse a posibles cambios.

Entre los aspectos que conviene revisar destacan:

1. El contenido formativo de las prácticas

Las prácticas deben tener un objetivo educativo claro. No basta con que una persona en prácticas realice tareas en la empresa, es necesario que exista un plan formativo definido.

2. La figura del tutor

La futura norma insiste en la importancia de la tutorización. La persona en prácticas debe contar con un referente dentro de la empresa que supervise su aprendizaje.

3. Las tareas asignadas

Las funciones deben estar alineadas con el proceso formativo. Cuando las tareas corresponden a un puesto estructural, la Inspección puede considerar que existe una relación laboral.

4. La documentación

Contar con convenios de prácticas bien estructurados y documentación clara será clave para evitar problemas en caso de inspección.

En este punto, contar con una asesoría fiscal transfronteriza o con una consultoría transfronteriza en Francia y España puede resultar especialmente útil para empresas que gestionan programas internacionales de prácticas.

En zonas fronterizas como el País Vasco, Navarra o Cataluña, es habitual que empresas españolas trabajen con estudiantes procedentes de Francia o viceversa.

En estos casos, entran en juego diferentes marcos legales y administrativos. Lo que se considera práctica formativa en un país puede tener un tratamiento distinto en el otro.

Por ejemplo, en Francia existe una regulación muy específica sobre las “stages”, que establece límites claros sobre duración, remuneración y condiciones de las prácticas.

Por ello, las empresas que operan a ambos lados de la frontera deben analizar cuidadosamente cómo estructuran estos programas.

Desde una asesoría transfronteriza en Irún, como la nuestra, uno de los trabajos habituales consiste precisamente en revisar este tipo de situaciones para evitar conflictos legales o administrativos.

Aunque el Gobierno ya ha aprobado el proyecto de ley, todavía queda un largo camino hasta su posible entrada en vigor.

El texto deberá pasar por:

• Debate parlamentario.
• Posibles enmiendas.
• Aprobación definitiva por las Cortes.
• Publicación en el BOE.

En el contexto político actual, no está claro que la norma vaya a completarse en esta legislatura. Por eso muchos expertos consideran que todavía es pronto para hablar de cambios inmediatos.

Aun así, el proyecto refleja una tendencia clara en el mercado laboral: reforzar la protección de las personas en prácticas y limitar los usos abusivos de las becas.

El Estatuto del Becario abre un debate relevante sobre la forma en la que se integran los jóvenes en el mercado laboral.

Para las empresas, especialmente aquellas que trabajan en entornos internacionales o en zonas fronterizas, la clave estará en anticiparse a posibles cambios normativos y revisar cómo se estructuran los programas de prácticas.

Desde Pagoa Consultoras trabajamos precisamente en ese acompañamiento. Analizamos cada caso concreto para garantizar que las empresas cumplen con la normativa vigente tanto en España como en Francia y evitar riesgos innecesarios.

Las normas cambian, los contextos laborales evolucionan y las empresas necesitan seguridad jurídica para seguir creciendo a ambos lados de la frontera.

Si tu empresa gestiona prácticas o tiene actividad en los dos países, conviene revisar el marco legal con tiempo.

Cada caso es distinto. Y desde Pagoa Consultoras podemos ayudarte a entenderlo y gestionarlo con tranquilidad.